La cúpula de la SGAE está temblando y no es para menos con la noticia de su investigación por parte de la Audiencia Nacional de España por desviación de fondos (aproximadamente unos 400 millones de euros). La detención de nueve personas, entre ellas su máximo gestor Teddy Bautista, agrava las críticas y la indignación hacia una entidad privada sin ánimo de lucro que ya había sido cuestionada en numerosas ocasiones por su permanente abuso de poder en base a su posición monopolística en el mercado de la gestión de los derechos de propiedad intelectual (recordemos la polémica suscitada por su decisión de cobrar en conciertos benéficos, la cuestión del controvertido canon digital o el revuelo creado por la desafortunada Ley Sinde).
En su página oficial, la Sociedad General de Autores y Editores se define como una “entidad de gestión colectiva dedicada a la defensa y gestión de los derechos de propiedad intelectual de sus más de 100.108 socios, creadores y editores musicales de todo el mundo”. Sin embargo, sus prácticas poco transparentes y su dudosa actuación a la hora de la distribución de los fondos por explotación hacen que la honestidad brille por su ausencia y que parezcan primar los intereses particulares frente al respeto de sus supuestamente defendidos derechos de autor.
Escasa credibilidad le queda a esta asociación cuyo hasta hace nada presidente, Teddy Bautista, ex componente del grupo mítico Los Canarios, confesaba abiertamente en la red que ganaba un sueldo de 250.000 euros anuales y que tenía asegurada una pensión de 24.500 euros mensuales. Este futuro jubilado, forrado a costa de su querida SGAE y que ha acusado a los internautas de ladrones (¡mire usted por dónde!), está imputado por la Justicia, con cargos de apropiación indebida, administración fraudulenta y delito societario.
Al margen de las responsabilidades personales de los implicados en este fraude millonario, la reciente denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto desvío de fondos rompe de lado a lado con la necesaria existencia de una correcta cobertura legal de la propiedad intelectual en nuestro país, mancillada ésta dentro del entramado de empresas privadas que se han lucrado a costa de los fondos de la SGAE (entre otras, Microgénesis y Portal Latino) y violada por un Ministerio de Cultura anestesiado y cuyo nulo control sobre las opacas gestiones de la entidad dejan a su cabecilla (la ministra) en muy mal lugar. Y no podemos olvidar que esta entidad, que el año pasado repartió nada más y nada menos que unos 365 millones de euros entre sus 100.000 socios y que ahora está en el ojo del huracán, investigada por la Audiencia Nacional (con decreto de secreto de las actuaciones), es la misma que con su dedo acusador enviaba a sus guardianes trajeados a las bodas, bautizos y demás eventos privados, a los bares, a los videoclubs y otros comercios para cobrar religiosamente su recibo, en nombre, claro está, de los derechos de autor.
Resulta irónico pensar que esos autores, músicos, escritores y editores cuyos derechos intelectuales dicen estar protegiendo, sean los grandes perjudicados y renieguen de la SGAE. Lo cierto es que la censura colectiva hacia esta asociación es ya un secreto a voces y su afán recaudatorio, ahora con la trama corrupta al descubierto, indigna y avergüenza. El verdugo, al que sólo faltaba cobrarnos por tararear una canción en el metro, está de capa caída y sus inspectores de corbata y maletín habrán perdido mucho de su autoritarismo intimidador. Pero lo más triste de todo es que, entre investigaciones, tramas y directivos corruptos, la gran víctima de este entramado, el derecho a la propiedad intelectual, está de luto.
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