(…) El daño más grave que ocasionan las valoraciones y juicios emitidos por los profesionales periodísticos surge del menoscabo de una serie de derechos fundamentales como el derecho al honor y a la propia imagen y la presunción de inocencia de los sospechosos. La libertad de información se encuentra por tanto frente al muro de dichos derechos constitucionales y puede retraerse y centrare en el aspecto informativo o saltar ese muro y romper en pedazos los límites de toda ética y profesionalidad. Sí es cierto que existe la libertad de expresión y el derecho a una información veraz, así como el principio de publicidad (con sus tasadas limitaciones por razones de orden público y protección de derechos y libertades) como básico del sistema democrático, no deja de ser menos cierto que el límite a la libertad de expresión aparece recogido en el artículo 20.4 CE, en el respeto al honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y la infancia.
¿Hasta qué punto la publicidad de un juicio resulta dañina para el caso en curso? Los afectados y principales interesados en descubrir la verdad pueden verse afectados psicológicamente por informaciones falsas, la credibilidad de la justicia puede tambalearse ante una posicionada opinión pública que reparte arbitrariamente sus golpes y se sensibiliza con las víctimas, y la calidad de las garantías procesales puede verse mermada ante la utilización indebida de informaciones y datos que se hacen innecesariamente públicos.
El debate público lo impregna todo, pese a la vulneración de la presunción de inocencia, la desprotección de los menores, el daño psicológico para los familiares de las víctimas y los linchamientos colectivos de sospechosos que aún no han escuchado la sentencia por parte de un juez. No podemos y no debemos caer en las trampas del sensacionalismo. Los medios de comunicación son vitales en un estado democrático como garantizadores de la libertad de expresión y de información. Pero hay límites que nunca deben ser cruzados y uno de ellos es la posibilidad de realizar juicios paralelos sobre asuntos que deben ser resueltos en los tribunales. Los medios de comunicación no pueden actuar como jueces. Y eso es precisamente lo qué está ocurriendo.
La valoración moral y jurídica de los medios acerca de la conducta y comportamiento de los presuntos culpables y la reconstrucción de los posibles hechos convierten a éstos en jueces y fiscales, abogados defensores y juristas en potencia. El acoso periodístico a los afectados, el dictamen de una sentencia mediática a priori por la prensa, la distorsión de la realidad por los profesionales de los medios, los comentarios de periodistas sin la formación jurídica necesaria para opinar sobre cuestiones legales y los pormenores de casos en proceso… Hoy día, hasta los personajes del corazón se permiten el lujo de opinar sobre los delitos penales, convirtiendo a la víctima en verdugo y al verdugo en inocente y haciendo de verdaderos dramas sociales un lamentable show televisivo.
El drama hecho espectáculo, unos padres desesperados que no olvidan, unos límites constitucionales que se pisotean sin escrúpulos, una desaparición hecha negocio, las valoraciones y comentarios de una muerte horrible paseada por los platós y convertida en negocio y entretenimiento, mezcla de morbo e indignación. Mientras tanto, la justicia está de capa caída. Porque todos comentan y opinan y juzgan al margen del sistema. Mientras que los verdaderos profesionales están trabajando en el caso. Y los medios nos embriagan de discursos de populismo para engancharnos con el amarillismo más deprimente, con el sensacionalismo más cruel, con unos periodistas convertidos en jueces de un circo mediático en el que todo vale, desde la sensibilización hacia los padres de la víctima hasta el linchamiento público de un sospechoso todavía sin sentencia. Son los daños colaterales de los juicios paralelos. Juzguen ustedes. O mejor aún, dejemos las sentencias para los jueces.
¿Hasta qué punto la publicidad de un juicio resulta dañina para el caso en curso? Los afectados y principales interesados en descubrir la verdad pueden verse afectados psicológicamente por informaciones falsas, la credibilidad de la justicia puede tambalearse ante una posicionada opinión pública que reparte arbitrariamente sus golpes y se sensibiliza con las víctimas, y la calidad de las garantías procesales puede verse mermada ante la utilización indebida de informaciones y datos que se hacen innecesariamente públicos.
El debate público lo impregna todo, pese a la vulneración de la presunción de inocencia, la desprotección de los menores, el daño psicológico para los familiares de las víctimas y los linchamientos colectivos de sospechosos que aún no han escuchado la sentencia por parte de un juez. No podemos y no debemos caer en las trampas del sensacionalismo. Los medios de comunicación son vitales en un estado democrático como garantizadores de la libertad de expresión y de información. Pero hay límites que nunca deben ser cruzados y uno de ellos es la posibilidad de realizar juicios paralelos sobre asuntos que deben ser resueltos en los tribunales. Los medios de comunicación no pueden actuar como jueces. Y eso es precisamente lo qué está ocurriendo.
La valoración moral y jurídica de los medios acerca de la conducta y comportamiento de los presuntos culpables y la reconstrucción de los posibles hechos convierten a éstos en jueces y fiscales, abogados defensores y juristas en potencia. El acoso periodístico a los afectados, el dictamen de una sentencia mediática a priori por la prensa, la distorsión de la realidad por los profesionales de los medios, los comentarios de periodistas sin la formación jurídica necesaria para opinar sobre cuestiones legales y los pormenores de casos en proceso… Hoy día, hasta los personajes del corazón se permiten el lujo de opinar sobre los delitos penales, convirtiendo a la víctima en verdugo y al verdugo en inocente y haciendo de verdaderos dramas sociales un lamentable show televisivo.
El drama hecho espectáculo, unos padres desesperados que no olvidan, unos límites constitucionales que se pisotean sin escrúpulos, una desaparición hecha negocio, las valoraciones y comentarios de una muerte horrible paseada por los platós y convertida en negocio y entretenimiento, mezcla de morbo e indignación. Mientras tanto, la justicia está de capa caída. Porque todos comentan y opinan y juzgan al margen del sistema. Mientras que los verdaderos profesionales están trabajando en el caso. Y los medios nos embriagan de discursos de populismo para engancharnos con el amarillismo más deprimente, con el sensacionalismo más cruel, con unos periodistas convertidos en jueces de un circo mediático en el que todo vale, desde la sensibilización hacia los padres de la víctima hasta el linchamiento público de un sospechoso todavía sin sentencia. Son los daños colaterales de los juicios paralelos. Juzguen ustedes. O mejor aún, dejemos las sentencias para los jueces.
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