Despilfarro político

   El Gobierno ya expresó a principios de año su deseo de modificar la ley para poder exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que no cumpliesen con los presupuestos. Y es que a estas alturas y tras años de vaciado desenfrenado de las arcas públicas, el despilfarro político no tiene ideología ni color. Nuestros dirigentes, de sueldos astronómicos y puestos de responsabilidad política, han resultado ser unos nulos administradores. Ni la eficacia ni los resultados a largo plazo están en sus apretadas agendas. Lo importante ha sido gastar y gastar al máximo para poder rentabilizar el ascenso al poder y convertir así una democracia que debería ser la del conocimiento en la dictadura de la más pura dilapidación de recursos y dinero público en proyectos absurdos, en infraestructuras caras y en iniciativas suntuarias con muy poco fundamento. Financiaciones absurdas, una subida de impuestos y equilibramos las cuentas. La deuda global de las Comunidades Autónomas asciende a 134.000 millones de euros y los ayuntamientos españoles deben 17.000 millones de euros. Son las consecuencias de seleccionar mal las prioridades e inaugurar infraestructuras poco o nada transitadas, estaciones de alta velocidad que no han sido utilizadas, aeropuertos fantasma, centros de arte y museos innecesarios, autopistas sin tráfico… 

   El despilfarro en forma de cifras podemos reflejarlo a modo de unas contundentes pinceladas que conducen a los aeropuertos españoles y a los 1.500.000 euros invertidos en su creación y ampliación, reseñando el de Ciudad Real, actualmente cerrado (y el dinero invertido como causa principal del derrumbe de la Cala Castilla-La Mancha) o el de Castellón, en el que se derrochan al año 5.500.000 euros en seguridad privada, curioso si se tiene en cuenta que no hay vuelos. La tentación del tranvía era tal que los políticos no pudieron evitar hincarle el diente y se hablaba de sostenibilidad pero no de gastos y el derroche ha sido descomunal en provincias como Cádiz, Zaragoza o Jaén. A ello sumamos otros despropósitos como 12.000.000 euros invertidos en una estación de AVE con menos de 50 viajeros al día (Utiel-Requena) o 32.000.000 euros dilapidados en la estación de metro de Santa Rosa de Barcelona. Y tiramos de obras públicas y llegamos a Asturias y su polémico Hospital Universitario Central (HUCA), que ha costado la friolera de 1.300.000 euros. Y de ahí a Madrid, con el ayuntamiento más endeudado de España pero con el ánimo de desembolsar 190.000.000 euros para sótanos y aparcamientos de un Centro Internacional de Convenciones y Congresos o permitirse el lujo de pagar a sus 31 asesores 2.790.000 euros (si no menciono esto último reviento). 

   Y la suma sigue y nos pierden las cuentas porque nuestros 17 Parlamentos consumen casi nada, unos 400.000.000 euros, los empleados con categoría de peón en el Ayuntamiento de Alcorcón unos privilegiados (61.000 euros de sueldo) y España todavía tiene tiempo y ganas de invertir en proyectos enigmáticos como las famosas Caras de Bélmez (768.457 euros de financiación), vagones sin vía en Mallorca (443.000.000 euros), pista de esquí sin nieve en Tordesillas, Valladolid (12.000.000 euros) y hasta en especies autóctonas como las abejas catalanas (86.247 euros). A los políticos habría que ponerles sobre la mesa esas brutales cifras de gasto desmedido. Que no suban los impuestos. Que con sus sueldos equilibren la balanza. A ver si les quedan ganas de desperdiciar el dinero público en iniciativas abstractas y sin sentido que los ciudadanos ni hemos pedido ni hemos aprovechado.