La caída del emperador

Cobo Calleja (Madrid)

   A nadie le ha pillado por sorpresa la “Operación Emperador”, trama que supuestamente ha defraudado más de 1.000 millones de euros en un par de años. Se empezó investigando unos contenedores sospechosos que llegaban al polígono de Cobo Calleja (Fuenlabrada, Madrid) para llegar a desarticular una de las mayores redes de blanqueo de dinero y evasión fiscal de nuestro país, tanto por su extensión geográfica como por el número de delitos y personas implicadas. Gao Ping, el cabecilla, vive en una mansión en una de las zonas más caras de la capital (Somosaguas) y en una entrevista concedida a Antena 3 el año pasado hablaba de la cultura del esfuerzo como ingrediente del éxito en los negocios. Este proveedor de bazares chinos omitió ciertos detalles como el hecho de no declarar las mercancías procedentes de China ni las ventas a minoristas; él y sus compinches importaban grandes cantidades de género de China mientras la vigilancia aduanera les eximía del pago (fraude a la Hacienda Pública) y este hecho ha traído consigo una serie de efectos colaterales que en forma de negocios tapadera se han extendido por toda la Península; karaokes, restaurantes, prostitución, casinos, compra de inmuebles e inmensos polígonos, sin olvidar la actividad del prestamista chino que sirve de banco a sus propios compatriotas. Esto último explica la capacidad de este hombre de rentabilizar un negocio sin recurrir a la financiación bancaria. 

   Es España un país ideal para poner en práctica una economía sumergida y transformarla en un desbordante flujo de dinero negro que se convierte en blanco (en este caso entre tres y cuatro millones de euros al mes) gracias a la "inestimable" ayuda de funcionarios de policía, políticos y empresarios españoles que no han dudado en subirse a este carro de corrupción, extorsiones y negocios vinculados a la prostitución y las drogas. Sí, sin duda un país ideal. Porque la mafia china instalada en España campa a sus anchas y cuenta con sicarios que extorsionan a comerciantes chinos (sus propios compatriotas, para mayor aberración) y secuestran a sus hijos a cambio de fuertes sumas de dinero, se reúnen en los karaokes chinos y convierten pisos en burdeles ilegales. Porque introducen el dinero en bolsas que envían a China en trenes o coches, desvían fondos a paraísos fiscales, consiguen licencias de forma irregular a cambio del mejor jamón y del mejor vino y se ganan cómplices a los que recompensan con viajes gratis a China. No sorprende entonces que compren lonjas tan caras para crear negocios que creemos que jamás amortizarán. No les interesa la facturación, sino lo que se esconde tras un negocio aparentemente lícito. 

   La comunidad china se siente dañada emocionalmente porque considera ser atacada por una sociedad en la que hasta hoy vivían pasando desapercibidos. Deberían culpabilizar a sus propios paisanos que son quienes han abierto la veda. Su imagen se ha visto afectada sin duda por el escándalo pero no se está estigmatizando a un colectivo. Se está reprobando un delito financiero de tentáculos incalculables, una operación sin precedentes contra el crimen y el delito fiscal y es lógico que la opinión pública se enerve ante tanto fraude y vista gorda, donde ciertos peces gordos se hacen con el mar, se comen los gusanos del vecino honrado y sonríen mientras apuñalan. 

   Los chinos han colonizado España lentamente, con discreción y en silencio. Los negocios tradicionales heridos de muerte, cerrando sus puertas y muchos de ellos montando negocios gracias a los créditos de sus amigos adinerados y con las manos sucias, haciendo dinero a costa de la explotación laboral (inmigrantes de su país trabajando todo el día por 3oo euros al mes), mano de obra ilegal, tráfico de personas… ¿Cuándo se llevan a cabo inspecciones en esos locales?, ¿cuándo se piden los datos exhaustivos de su facturación y el registro de las compras y ventas efectuadas?, ¿cómo se ha permitido en un país con una economía en alerta roja extraer esas ingentes cantidades de dinero español? Resulta que Gao Ping y demás implicados eran los nuevos ricos, accionistas a la par que trabajadores de sus propias empresas, modelo de empresarios de éxito y gestores de negocios que escondían actividades ilícitas y millones de euros en forma de ahorros bajo el colchón. Costes bajos y precios baratos. Que se lo digan a Gao Ping y a su inframundo, de emperador coronado a empresario fraudulento. Él, que se codeaba con personajes famosos, que disponía del vino más caro del mercado. Él, que vivía en un palacio y había creado en silencio un Chinatown gigante. Que se lo digan ahora, cuando sus tentáculos han quedado mermados y se le ha caído el imperio.

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La quiebra de la imparcialidad

     

   (…) El caso de los niños Ruth y José Bretón requiere una justicia inmersa dentro de un proceso penal que debe ser respetado. Pero los medios de comunicación han cruzado una vez más la línea que separa la información del análisis y valoración de unos hechos judiciales pendientes de sentencia. Los juicios paralelos se desatan en los programas televisivos, en multitud de plataformas y foros virtuales. El ser humano tropieza siempre con la misma piedra, en este caso la de la osadía que otorga la propia ignorancia. Nos resulta demasiado fácil aportar reflexiones (me incluyo porque también he escrito sobre este caso) y formular juicios sin ser expertos en la materia.
   Tras las conclusiones de dos reputados paleontólogos el caso dio un giro de trescientos sesenta grados y desmanteló el informe de la policía científica. La afirmación de que los restos hallados no eran de roedores sino pertenecientes a dos niños disparó la alarma y el comisario Serafín Castro se cuela por la puerta grande de varios canales de televisión para dar las pertinentes explicaciones de un caso que, recordemos, contaba con una investigación aún abierta. Error lamentable y más si tenemos en cuenta que José Bretón será juzgado por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Córdoba que tendrá que luchar por ser imparcial (difícil tarea porque nadie es inmune a tanta contaminación mediática) en medio de juicios paralelos y opiniones televisadas. 

   La colisión es brutal entre el derecho a la información del ciudadano y el secreto de sumario de la investigación judicial o el derecho a la tutela judicial efectiva. La vista oral no ha comenzado y si el sumario es secreto total o parcialmente deberían estar prohibidas las filtraciones o intervenciones de mandos policiales (como ha ocurrido en este caso) que podrían desvirtuar con su testimonio pormenorizado de la investigación (e incluso sus opiniones personales y elucubraciones) la función de los miembros del jurado. La intervención televisiva del comisario del caso fue un testimonio abierto de un hombre cualificado y con muchos años de servicio, que habló de venganza, de las rarezas de Bretón, de sus conversaciones con él, de los detalles de la investigación… El lugar no era el correcto. Sus palabras deben ser escuchadas en sede judicial, no en un plató de televisión. 

   En resumidas cuentas, se logra audiencia y espectáculo a costa de un proceso penal que está tramitándose y se juega con la imparcialidad de un jurado popular agobiado y absorbido por la presión mediática. La presunción de inocencia contra la pared y la obligación de silencio escondida en el armario. El Estado de Derecho vulnerando sus propios principios ante las cámaras, resquebrajado por esos juicios paralelos que arrancan a la Justicia una parte innegable de legitimidad.

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La hoguera de Bretón

     José Bretón quería venganza (“¿sería bueno desprenderme de las cosas que me recuerdan a ella?” es una de sus elucubraciones anotadas más escalofriantes). Sus hijos fueron el móvil sobre el que este hombre volcó la frustración de su desengaño. Un desquite insuperable arrebatando a una madre lo más valioso y convirtiéndola en víctima sin hijos y sin respuestas. Su presunto delito por detención ilegal ha derivado en doble asesinato con alevosía y con el agravante de parentesco por los que podría enfrentarse a una pena de hasta 25 años por cada uno de los delitos.

   Nadie creyó nunca su historia y de un previo intento de suicidio (para evitar que su mujer le dejase) pasó a una hoguera en la que presuntamente consumó su despecho. José Bretón es un hombre calculador, impasible, sin restos de arrepentimiento o muestras de dolor. No siente ni padece, ni parece muy por la labor de confesar los hechos. La reconstrucción de lo sucedido no convence a nadie y sus explicaciones inverosímiles activan la alarma y desencadenan una investigación policial (análisis del suelo de la finca, perros que han rastreado las fincas cercanas, buzos en el Guadalquivir…) que quedó en punto muerto y que malogra por desgracia un error de la policía científica en un informe pericial. ¿Por qué no se pidió una segunda opinión?, ¿por qué si las pesquisas apuntaban a la Finca de las Quemadillas no se profundizó en unas conclusiones que resultaron ser la pieza clave de la resolución del caso? Resulta deprimente que sea la propia madre, ciudadana de a pie, la que solicite una nueva investigación sobre los mismos restos. De nada sirven ahora estos interrogantes porque la verdad se ha abierto camino a través del fuego y de las mentiras calculadas. El conocimiento de los hechos (o la certeza de la muerte de sus pequeños) para la madre es el final de una incertidumbre que pesaba demasiado y el comienzo de un luto que no terminará nunca.

   Parecía muy seguro Bretón de la imposibilidad de hallar pruebas pero se ha dado de bruces contra los huesos de su propios hijos. Los últimos informes, confirmatorios de que los restos óseos eran humanos, sientan las bases de la acusación. Los indicios conducen a unas actuaciones previamente planeadas; él, que puso a prueba su propósito llamando a su mujer y esperando una respuesta que satisfaciera su ego y derrumbase sus planes preconcebidos de antemano; él, que le entregó un ramo de rosas y una carta (esperaba poder reanudar su relación) el mismo día que recogió a sus hijos a una mujer a la que jamás hizo regalos; él, que apuntó en sus anotaciones la frase “tal vez prefiero hacer daño antes de que me lo hagan”.

   Y la hoguera, en principio considerada pista falsa, adquiere de pronto significado policial, judicial y mediático y desencadena un fuego abrasador, el de la incomprensión, la rabia, el dolor. El grito perpetuo de una madre, el silencio de unos niños (ángeles, así los ha definido ella) castigados por un hombre mediocre que ha tenido un protagonismo inmerecido tras los errores en el que se consideró concluyente el informe de la policía científica y que se ha dado el gusto de movilizar a la policía y mantener en jaque a un Estado de Derecho que espera con ansia la sentencia.

   “En la calle soy un mierda, pero en mi casa mando yo”, dice Bretón. Le definen como un hombre maniático, metódico, ordenado, calculador. Sigue sosteniendo su versión del parque Cruz Conde. Duerme con tapones en los oídos y antifaz, aislado de una sociedad escandalizada y sin quitarse horas de sueño, borrando de su mente los recuerdos de unas sonrisas infantiles que parecen no atravesar su celda ni su conciencia. Ajeno a las hogueras y mentiras que no se apagan, a las brasas que como pruebas incandescentes siguen quemando, al humo que engaña y asfixia, a las cenizas de unos niños que, sin preverlo él, le delatan.

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De masturbación y política

   Vivimos en una sociedad aferrada al morbo, a las acusaciones gratuitas, a las sentencias emitidas fuera de los Tribunales. Tenemos una desorbitada obsesión por convertir lo puramente anecdótico en noticia de primer orden. Yébenes y el vídeo erótico de la concejal socialista de este pueblo toledano son la última prueba de ello. Olvido Hormigos ha sido capaz de quitar el protagonismo a la mismísima Angela Merkel y convertir su propia masturbación en un asunto de debate público. 

    A pesar de los defensores a ultranza de Olvido y del hecho innegable de que esta difusión masiva de una grabación erótica desafortunada es un delito tipificado en el Código Penal como atentatorio de la intimidad (se establecen penas de hasta cinco años para los autores), no hay que olvidar que esta mujer ha sido víctima de su propia imprudencia y que no era desconocedora de los riesgos que hoy día entraña el poder de la tecnología. Su decisión de grabarse y de enviar a un tercero su vídeo fue absolutamente voluntaria. Se ha puesto en evidencia y ha destrozado su reputación. Y no, por supuesto que resulta lamentable que el pleno más multitudinario de un pueblo guarde relación con un escándalo protagonizado por uno de sus miembros y más bochornosa me parece aún la desfachatez de unos vecinos que insultan e increpan a una persona acorralada. La masturbación no debe demonizarse. Sexo con política, qué mala combinación. 

    Pero voy al grano. Un cargo público no tiene por qué dimitir por haberse masturbado ante una cámara y haber sido blanco de delito. Pero de los políticos se espera discreción y cautela. Muchos opinan que en este caso se ha realizado una manipulación política de un asunto estrictamente personal. Porque su supuesto adulterio es una cuestión privada pero el hecho de que Olvido Hormigos quisiera inculpar de la difusión del vídeo al alcalde del partido de enfrente, no. Independientemente de que haya sido o no “víctima de la derecha”, lo que en principio parece ser una venganza privada (se ha visto envuelto en la trama un futbolista del Yébenes, receptor del vídeo y primer imputado) se ha transformado en vendetta política. 

    Por ello, la cuestión de fondo no es la masturbación femenina sino la actitud de esta señora, casada, madre de dos hijos, maestra y cargo público cuyos argumentos iniciales han sido desmontados por la propia Guardia Civil (ella aseguró que el vídeo era para su marido pero según fuentes del caso el destinatario fue otro, el portero del equipo de fútbol de su pueblo). Hemos asistido a un debate equivocado del cual se han alimentado recíprocamente los medios de comunicación y el ámbito político. Los que la defienden utilizan como máximo argumento la hipocresía de los que se escandalizan por el contenido de la grabación (“yo también me masturbo” era una de las frases con las que se apoyaba a Olvido). Los detractores consideran que una persona que es incapaz de preservar su vida íntima no es fiable para manejar los asuntos públicos. 

    Y así funcionamos. Tiramos del hilo más insignificante en un país que engaña, que embauca, que defrauda, que se recrea en un vídeo masturbatorio. No quiero las explicaciones de Olvido Hormigos. No me interesan aunque tampoco creo que las merezca. Los peores políticos están por ahí como si nada, conviviendo con los enchufismos y el tráfico de influencias, abrazados al cohecho y a los delitos fiscales. Eso no se discute (como ejemplo de rabiosa actualidad tenemos la operación Pokemon y sus hasta ahora trece detenidos, un caso que mezcla contratos públicos con alzamiento de bienes y blanqueo de capitales). Pero a mi parecer el comportamiento de la popular concejal comportamiento ha sido erróneo y poco ejemplar. A una figura pública hay que criticarla por su gestión política, por sus actuaciones en el marco de su actividad profesional. Pero cuando ejerces un puesto de responsabilidad oficial debes cuidarte las espaldas y salvaguardar tus intereses y actuaciones privadas, sobre todo si son de índole sexual. Ha resultado ser una forma lamentable de conocer a quiénes nos representan y a quiénes en definitiva pagamos el sueldo. 

    Ahora, a pasar página. Que el revuelo causado por la divulgación de la masturbación de una concejal socialista y su posterior debate público no ha sido más que un entretenimiento más en la oscuridad que nos cierne, una anécdota quijotesca en un país agrietado y en crisis creciente.

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Despilfarro político

   El Gobierno ya expresó a principios de año su deseo de modificar la ley para poder exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que no cumpliesen con los presupuestos. Y es que a estas alturas y tras años de vaciado desenfrenado de las arcas públicas, el despilfarro político no tiene ideología ni color. Nuestros dirigentes, de sueldos astronómicos y puestos de responsabilidad política, han resultado ser unos nulos administradores. Ni la eficacia ni los resultados a largo plazo están en sus apretadas agendas. Lo importante ha sido gastar y gastar al máximo para poder rentabilizar el ascenso al poder y convertir así una democracia que debería ser la del conocimiento en la dictadura de la más pura dilapidación de recursos y dinero público en proyectos absurdos, en infraestructuras caras y en iniciativas suntuarias con muy poco fundamento. Financiaciones absurdas, una subida de impuestos y equilibramos las cuentas. La deuda global de las Comunidades Autónomas asciende a 134.000 millones de euros y los ayuntamientos españoles deben 17.000 millones de euros. Son las consecuencias de seleccionar mal las prioridades e inaugurar infraestructuras poco o nada transitadas, estaciones de alta velocidad que no han sido utilizadas, aeropuertos fantasma, centros de arte y museos innecesarios, autopistas sin tráfico… 

   El despilfarro en forma de cifras podemos reflejarlo a modo de unas contundentes pinceladas que conducen a los aeropuertos españoles y a los 1.500.000 euros invertidos en su creación y ampliación, reseñando el de Ciudad Real, actualmente cerrado (y el dinero invertido como causa principal del derrumbe de la Cala Castilla-La Mancha) o el de Castellón, en el que se derrochan al año 5.500.000 euros en seguridad privada, curioso si se tiene en cuenta que no hay vuelos. La tentación del tranvía era tal que los políticos no pudieron evitar hincarle el diente y se hablaba de sostenibilidad pero no de gastos y el derroche ha sido descomunal en provincias como Cádiz, Zaragoza o Jaén. A ello sumamos otros despropósitos como 12.000.000 euros invertidos en una estación de AVE con menos de 50 viajeros al día (Utiel-Requena) o 32.000.000 euros dilapidados en la estación de metro de Santa Rosa de Barcelona. Y tiramos de obras públicas y llegamos a Asturias y su polémico Hospital Universitario Central (HUCA), que ha costado la friolera de 1.300.000 euros. Y de ahí a Madrid, con el ayuntamiento más endeudado de España pero con el ánimo de desembolsar 190.000.000 euros para sótanos y aparcamientos de un Centro Internacional de Convenciones y Congresos o permitirse el lujo de pagar a sus 31 asesores 2.790.000 euros (si no menciono esto último reviento). 

   Y la suma sigue y nos pierden las cuentas porque nuestros 17 Parlamentos consumen casi nada, unos 400.000.000 euros, los empleados con categoría de peón en el Ayuntamiento de Alcorcón unos privilegiados (61.000 euros de sueldo) y España todavía tiene tiempo y ganas de invertir en proyectos enigmáticos como las famosas Caras de Bélmez (768.457 euros de financiación), vagones sin vía en Mallorca (443.000.000 euros), pista de esquí sin nieve en Tordesillas, Valladolid (12.000.000 euros) y hasta en especies autóctonas como las abejas catalanas (86.247 euros). A los políticos habría que ponerles sobre la mesa esas brutales cifras de gasto desmedido. Que no suban los impuestos. Que con sus sueldos equilibren la balanza. A ver si les quedan ganas de desperdiciar el dinero público en iniciativas abstractas y sin sentido que los ciudadanos ni hemos pedido ni hemos aprovechado.

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Sueldos astronómicos

   La crisis nos mira de frente, sin vergüenza ni pena. Decimos adiós a subvenciones, pagamos más por el recibo de la luz, suben los impuestos, las nóminas se desangran, las empresas se hunden y los trabajadores reciben el golpe del paro en la frente, sumándose a una larga lista de desempleados con los ojos tristes y apagados, esperando una llamada que les devuelva a la vida del obrero, a las cuentas que les permitan llegar a fin de mes. Lo que no cambia son los sueldos de los políticos, los reyes de los asalariados, los mejor pagados de España. 

   Es lamentable que los políticos se llenen la boca de buenas intenciones mientras están cobrando uno sueldos desorbitados (sin olvidar las futuras pensiones vitalicias que se les asignarán). Se devalúa la calidad de vida de los trabajadores peor remunerados, último eslabón de la cadena, mientras se enriquece a los más acomodados. El poder adquisitivo decrece mientras la clase política y dirigente de este país se da la gran vida. La carta de despido de los ministros de Zapatero (por poner un ejemplo de muchos) dejó intactas sus nóminas. Para ellos todos los derechos, los pluriempleos millonarios, el aval del sistema de compatibilidades. El ex presidente cobra el 80% de sus sueldo presidencial (la friolera de 74.000 euros al año) a lo que hay que sumar 72.800 euros anuales por su puesto en el Consejo de Estado. Un total de 146.800 euros anuales. A Leire Pajín tampoco la afecta mucho la crisis puesto que cobra un total de 10.282 euros brutos al mes (parte de sus sueldo como antigua ministra de Sanidad, sueldo de diputada, sueldo de pensión y comida y otra entrada de dinero por ser la portavoz socialista en la Comisión de Agricultura). Casi nada. Y podría llenar multitud de folios con cifras descomunales e irritantes para los españoles. ¿Es ese el compromiso político?, ¿se sirve a los ideales ciudadanos o a los intereses particulares?, ¿de verdad les importa a los de arriba nuestro puesto de trabajo, nuestros ahorros, nuestro acceso a la vivienda, nuestra promoción social, nuestros sueños? 

   La población civil se aleja de la política porque no se siente identificada con ella ni con su tiranía. No podríamos sobrevivir sin ella pero su estrategia actual nos está matando. El concepto de democracia real está deshinchado, hueco. La ola del descontento ha alcanzado cotas elevadísimas porque el caciquismo y la corrupción encharcan nuestra visión de futuro. El político correcto es aquél que trabaja para servir y no para lucrarse. Un sueldo razonable es lo que se pide. Entre políticos corruptos, sindicatos partidistas, despilfarro autonómico y gastos “peculiares” de altos cargos a costa del dinero público nos quedamos bajo mínimos y sin pantalones los de siempre. 

   ¿Qué mejor plan de ahorro que el viaje turista para nuestros gobernantes, la eliminación de pensiones vitalicias, la supresión de cargos duplicados, unos sueldos acordes con su función y cargo que no rebasen las cinco cifras, por ejemplo? Esas medidas proponemos los ciudadanos. Pero parece que los de arriba miran para otro lado porque la crisis ni siquiera les despeina. El poder llama al poder. La boca se les llena de promesas… y los bolsillos de dinero.

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Derecho al olvido

   La Audiencia Nacional ha expuesto sus dudas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El caso planteado trata del denominado derecho al olvido en Internet. Su protagonista, Mario Costeja González, planteó una reclamación solicitando que su nombre, relacionado con una información sobre una subasta judicial, fuese eliminado de Google puesto que el embargo estaba ya solucionado. 

   El debate pone sobre la mesa el concepto de privacidad on line y la petición/posibilidad del ciudadano de poder eliminar ciertos datos que circulan por la red relacionados con su persona. La confidencialidad de todos nuestros gustos, nuestros pasatiempos, nuestras preocupaciones o nuestras perversiones queda registrada en la web a través de algoritmos que procesan la información a la que hemos accedido desde nuestro ordenador. Todo queda en Google. El historial de cualquiera a golpe de clic, incluso información negativa del pasado que puede afectar seriamente nuestro presente. ¿Ha de permanecer mi nombre relacionado con un hecho delictivo que cometí en el pasado y que perjudica notablemente mi reinserción social?, ¿tengo que soportar aparecer vinculado a una noticia falsa o ser insultado por un blogero en su espacio personal? Preguntas como ésta introducen una variada y compleja casuística en torno al derecho al olvido (right to be forgotten), a la necesidad de muchos de poder suprimir los datos ligados a su persona de los buscadores o redes sociales. Podemos decir que se trata de la protección de datos personales (a través de su cancelación) en el ámbito cibernético. 

   Su mayor campo de batalla es lógicamente la protección que nuestra jurisprudencia constitucional otorga a la libertad de información, un derecho que (junto a la libertad de expresión) prevalece sobre el derecho al olvido y la consecuente protección de datos personales. Vivimos en un Estado de Derecho apegado a una poderosa sociedad de la información en la que cualquiera puede publicar sus historias y comentar informaciones relevantes. El anonimato es el disfraz bajo el que muchos cometen sus tropelías y abusos, atentando contra la privacidad de personas ajenas. El derecho a la intimidad y el derecho a la información cara a cara en uno de los debates más polémicos que se tendrán que solucionar en los juzgados. 

   Las novedades legislativas están al caer. Es necesario reforzar el derecho de cancelación de datos de los usuarios de las nuevas tecnologías. Pero sin olvidar el ciudadano que el pasado siempre vuelve, que la memoria digital se muestra reacia a ser borrada, que somos los únicos responsables de unas fotografías comprometedoras que en su día colgamos por la red o que hay ciertos videos que quizá sea mejor no publicar nunca. Por si acaso el derecho al olvido se retrasa y sigue recordando.

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Depravación sexual en la red

   Las redes P2P son utilizadas por miles de usuarios que intercambian ficheros con imágenes explícitas de sexo infantil. España es el segundo país del mundo donde más pornografía se consume a través de Internet, detrás de Estados Unidos. Este tipo de delito informático se ha desarrollado con gran celeridad en nuestra sociedad al compás del avance de las nuevas tecnologías de la información. 

   Existen multitud de casos, uno de los más recientes el de un vecino de Requena (Comunidad Valenciana), acusado de grabar a menores desnudos por medio de cámaras ocultas en duchas y vestuarios de diferentes centros deportivos y exhibir sus videos en foros de encuentro de pedófilos. La investigación se ha saldado con la incautación de más de 2.000 archivos informáticos. En Tarragona nos encontramos con el pederasta de Reus, quien grabó los abusos sexuales cometidos con los hijos de unos vecinos y distribuía su contenido en la red. Por poner otro ejemplo, año y medio de cárcel es la pena que aceptó un vecino de Castellón, autor de un delito de corrupción de menores referido a la posesión y distribución de pornografía infantil por medio del ordenador. Tiempo que no cumplirá tras las rejas al carecer de antecedentes penales y al no superar su condena los dos años de prisión. Y 359 años de cárcel solicita la Fiscalía de Madrid para un hombre gaditano acusado de “ciberacoso” a 81 jóvenes. Entraba en contacto con sus víctimas a través de Messenger, se hacía con las contraseñas de sus cuentas y las chantajeaba con mostrar sus fotografías íntimas si no le entregaban vídeos o fotografías de contenido pornográfico. “Pon la cam y enséñame el culito”. Mensajes como éste recoge un sumario al que, junto a delitos de pornografía infantil, se suman amenazas y revelación de secretos, entre otros. En la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) de la Policía lo conocen como “Camaleón” por su habilidad para camuflarse detrás de su ordenador y fingir ser un chico o una chica en sus contactos virtuales. 

   Mirones y acosadores. Pedófilos y pederastas. Todos miran, todos encuentran. Las víctimas perfectas, los menores de edad, se lanzan a la aventura de entablar amistades virtuales y al otro lado de la pantalla un depravado inicia su búsqueda, selecciona y delinque. De la forma más ruin pero también la más efectiva y sutil. Estos sujetos, amparados en la seguridad que les da el anonimato, vierten su perversión en chats y foros de encuentro. Utilizan el grooming (técnica utilizada para captar a menores consistente en hacerse pasar por un niño o niña de edades similares a las de sus víctimas), intercambian material, distribuyen vídeos pornográficos, amenazan a menores. Un acto privado que trasciende los límites de la ética y otorga al internauta una cómoda oferta de menores vulnerables a los que poder utilizar como objeto de satisfacción sexual. Las aberraciones a golpe de clic cuando de la fantasía con el menor se pasa a los contactos reales y la vergüenza de saber que el índice de consumo de pornografía infantil nos sitúa a la cabeza de Europa. 

   A esta triste realidad se suma un nuevo fenómeno protagonizado por las adolescentes: la subida de vídeos en la web con el objetivo de recopilar opiniones sobre su físico. Un paseo por estas páginas nos deja un reguero de miles de respuestas por parte de los visitantes y la incertidumbre de descubrir a una juventud que anhela vivir de las apariencias. ¿Una llamada de atención, una necesidad de autoafirmación, una ausencia innegable de autoestima? Las estupideces de estas chicas (bautizadas como “prostitutas de la atención”) alimentan el ego y las fantasías de acosadores y enfermos sexuales. Hoy día vivimos conectados pero mutilados. El lado más oscuro de las redes sociales amenaza a unos menores necesitados de valores y reconocimiento. La industria de la belleza y la pornografía hace su agosto a costa de la inmadurez y la obsesión por la perfección de niñas que se dejan llevar por las modas y estereotipos. 

   Cada día se crean 500 nuevos sitios con contenido pornográfico infantil en Internet. La pornografía y los abusos, la explotación sexual infantil, una pedofilia que suele llevar a la acción y conducir a la pederastia, unos adolescentes que se desviven por su aspecto físico, la cosificación del ser humano. Y en multitud de ocasiones los culpables en libertad, por pactar en los juzgados condenas que no superan los dos años de prisión y que, al carecer de antecedentes penales, les permiten volver a la calle. A su ordenador. A sus deseos ocultos. Los vacíos legales nacionales ante una problemática de carácter global preocupan a la sociedad y otorgan a los consumidores y creadores de estos contenidos una sensación de impunidad bajo la cual actúan y bajo la cual se sienten intocables. La reforma del Código Penal español en 2010 no es suficiente porque los expertos jurídicos aseguran que este tipo de delitos informáticos precisa de soluciones mundiales en la que se impliquen todos los países. 

   No es cuestión de criminalizar Internet sino de llevar a cabo un uso correcto del mismo. Y de escarmentar a pedófilos y pederastas y arrinconar unas penas de prisión ridículas comparadas con el daño físico y/o psicológico ocasionado a unas víctimas menores que quedaron indefensas en manos de unos indeseables que volverán a reincidir porque no existe castigo. Que dejarán sueltos sus perversos deseos por la red, iniciando conversaciones aparentemente inocentes, utilizando engaños y argucias varias… esperando a sus próximas víctimas.

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Presupuestos de guerra

  ¿Podría haberse presentado un presupuesto alternativo? A Rajoy le acompaña la polémica en sus tres primeros meses de gobierno. La subida del IRPF y el IBI, el anteproyecto de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria (control de déficit público), una Reforma laboral que abarata el despido, un Decreto sobre desahucios y un anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. A este elenco de medidas desesperadas hay que sumar la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para este año, los más austeros de la historia de nuestra democracia. El fracaso electoral del PP en Andalucía, Comunidad Autónoma que ha optado por un gobierno de izquierdas, y la huelga general de 29 de marzo contra la reforma laboral han sido sólo un reflejo del sentir generalizado de un país en bancarrota. Se otorga al empresario poder absoluto para modificar las condiciones laborales, incluido el salario y ¡sorpresa!, los sueldos de los directivos se limitan y se reducen llamativamente los consejos de administración unidos a unos sueldos de lujo. Pero nadie habla de los sueldos de sus ministros y altos cargos varios, senadores, diputados, presidentes autonómicos, alcaldes… siempre acompañados de “colaboradores” sin trabajo conocido pero con la nómina llena de ceros. Los más osados y desvergonzados hasta se suben el sueldo en tiempos de crisis.

   Ha sido el PP un gobierno que, recién llegado a la Moncloa, ha incumplido una de sus promesas electorales: no subir los impuestos. Con los dientes afilados de la oposición (una oposición deslegitimada pero inflexible) en la yugular y una población civil asqueada y preocupada por su futuro, el señor Mariano Rajoy no lo tiene nada fácil. Sin recortes no podemos esperar milagros. El mismísimo presidente del gobierno ha reconocido que los nuevos Presupuestos son “duros, desagradables e incómodos”. Si bien es cierto que la cuantía total era inamovible, fijada por la Comisión Europea, la decisión vital del gobierno era el destino final proporcionado a esas partidas. Así, más de la mitad de esos presupuestos se destinan a pensiones, desempleo e intereses de la deuda (esto último se debe a que en el último año se han gastado 90 millones de euros más de lo que se ingresó); la calidad mermada en los fondos para becas e investigación; un plan de regularización fiscal de dudosa eficacia, la denominada amnistía (utilizada ya durante la transición española para regularizar balances de renta de las denominadas fortunas del franquismo) para conseguir repatriar capitales situados en el extranjero para evadir impuestos y que, para muchos expertos, únicamente servirá para premiar a los defraudadores. Sumar a estos datos el recorte del 13% para el Ministerio de Educación y un 21% en Sanidad, entre otros. Presupuestos de guerra, ha sido la definición del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo.

   Tres meses lleva el PP en la Moncloa. Veremos cómo dirige su andadura la derecha española en un contexto internacional donde los mercados mandan y los Estados obedecen. En un panorama nacional donde sólo se habla de subida de impuestos, desahucios, precariedad, desempleo, recortes y crisis. Los tecnócratas del gobierno tendrán que hacer frente a lo que ellos mismos han denominado "situación límite". Mientras, sobre la mesa una realidad dramática traducida en cifras, en ingresos y gastos… unos presupuestos de segunda para un país de tercera.

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Las grietas de una sentencia: Caso Marta del Castillo

   ¿Es la justicia un ideal platónico? La sociedad española se hace esta pregunta tras la publicación de una sentencia de ciento cuarenta y dos páginas plagada de contradicciones y desaciertos. La sentencia por el caso de Marta del Castillo. El Ministerio Fiscal formuló en sus conclusiones definitivas que los hechos relatados eran constitutivos de asesinato, agresión sexual, encubrimiento, amenazas condicionales y delito contra la integridad moral. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Sevilla únicamente ha condenado a Miguel Carcaño como “autor responsable de un delito de asesinato, definido y circunstanciado, a las penas de veinte años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, y la prohibición de residir en la misma localidad o ciudad donde lo hagan los padres y las hermanas de Dª Marta del Castillo por espacio de 30 años, así como de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio con ellos por el mismo espacio de tiempo, así como al pago de 1/7 parte de las costas causadas (…) En el orden civil D. Miguel Carcaño Delgado indemnizará a D. Antonio Abad del Castillo y Dª Eva Casanueva en 140.000 euros a cada uno de ellos y a L. y M. en 30.000 euros para cada una de ellas, por el daño moral causado por la muerte y desaparición de Dª Marta del Castillo”. 

   Si bien es necesario en un Estado de Derecho como el nuestro mostrar un respeto por las decisiones judiciales, parece que este caso se ha pretendido zanjar a golpe de contradicciones. Esa es la sensación general. La justicia se nos presenta como una gran desconocida, selectiva a la hora de relatar los hechos y de las principales pruebas que imputaban a unos u otros. El arma homicida nunca apareció y las diferentes versiones proporcionadas por los implicados han distorsionado una verdad que la justicia no ha podido dilucidar. ¿Fue realmente un cenicero el objeto empleado por Miguel Carcaño para matar a Marta del Castillo?, ¿Por qué se ha absuelto a Samuel Benítez alegando que estaba en Montequinto cuando se han desechado a ciertos testigos y llamadas que le ponían entre la espada y la pared?, ¿Por qué se ha prescindido de las dos declaraciones de este chico en sede policial cuando a los jueces les queda claro que nadie le maltrató ni le obligó a autoinculparse?, ¿Por qué creerse que la novia del hermano de Carcaño estaba dormida y no se enteró de lo que sucedía en el piso si una llamada telefónica demuestra que estuvo hablando a las dos de la madrugada con su pareja?, ¿Por qué la absolución de Francisco Javier, hermano de Carcaño, cuando un taxista reconocía en el juicio haberle llevado la fatídica noche a la calle León XIII?

   La polémica es aún mayor si de un único caso se desprenden dos sentencias diferentes, la del menor en la que se condena a éste por encubrimiento y la de los otros imputados (mayores de edad) en la que sólo se condena a Miguel Carcaño. El relato de los hechos difiere en ambas y quebranta el principio de seguridad jurídica. Es la ausencia de toda lógica. Dicen que la justicia no tiene quién la explique. Y más cuando, en casos como éste, se arrincona a una familia que no ha podido completar su duelo porque no tienen un sitio al que llevar flores. Y todo porque unos chavales ignorantes y paletos han mantenido un pacto de silencio y se mantienen fieles al mismo (demasiadas consideraciones hacia ellos), ajenos a la verdad y sin mostrar el mínimo interés por confesar dónde está el cuerpo de la que ellos llamaban su amiga. 

   Una excesiva protección a los menores y de nuevo unos grandes olvidados, las víctimas del caso. Y ellos pueden cambiar su declaración cuando les venga en gana, mentir sobre el paradero de un cuerpo que aún no ha aparecido, reírse de la policía y de la mismísima justicia. Y de jurado popular pasamos a tribunal profesional porque se dio especial relevancia a una violación que más tarde no pudo ser probada. Y en función de la Ley del menor se instruyeron dos procedimientos diferentes. El Cuco como mero encubridor de Carcaño y el principal imputado como homicida con agravante de superioridad. Y más grave es la afirmación por parte de la verdad judicial de que existe un culpable que anda suelto (a tenor de esta frase de la sentencia): “Entre los dos y con ayuda de al menos de un tercero desconocido colocaron el cuerpo inerme de Dª Marta del Castillo en una silla de ruedas, que usaba la madre fallecida de D. Miguel, y de esa manera lo sacaron de la vivienda haciendo desaparecer el cadáver en lugar que se desconoce”. ¿Quién es esa tercera persona?, ¿Quién es ese desconocido que ha quedado libre?

   Entre tanta estrategia de confusión por parte de los implicados y tanto bombo a la necesidad de respetar la presunción de inocencia, la compleja trama creada y el grado de autoría de unos y otros no ha sido esclarecida con la suficiente contundencia por el órgano judicial. Los magistrados han cuestionado a la familia de Marta del Castillo por acudir a los medios de comunicación a mostrar su reprobación y descontento pero no podemos olvidar que vivimos en un país con libertad de expresión y los ciudadanos tenemos derecho a conocer la opinión de unos padres que han protagonizado en sus carnes la investigación de la desaparición de su hija, la búsqueda de culpables y diecinueve sesiones de un juicio oral que ha concluido en la resolución del descontento. Y el único condenado, Miguel Carcaño, durmiendo entre rejas y con la frialdad de haber proporcionado hasta seis versiones diferentes. Y en el aire la pregunta más importante; ¿En qué se basan los magistrados para dar credibilidad únicamente a una de sus declaraciones, credibilidad que no se sostiene para condenar al resto de imputados? Impunidad, es lo que transmite la sentencia. Y con los ojos cerrados un sistema judicial burlado y desacreditado por unos niñatos que esconden bajo su cínica sonrisa todas las claves del caso.

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El fraude de las prótesis PIP

   El miedo y la angustia se ha apoderado de todas las víctimas de las prótesis mamarias de la casa francesa Poly Implant Prothèse, los famosos implantes conocidos como PIP. La histeria colectiva se ha desencadenado tras uno de los horrores más deleznables y vergonzosos de la historia de la cirugía estética: la colocación y venta en el mercado de unas prótesis mamarias rellenas de un tipo de silicona industrial (y no para uso médico) que con aditivos carburantes es empleada en la industria del caucho o en la construcción de barcos. 

   Ya en el año 2010 la empresa Poly Implant Prothèse (PIP) fue sometida a una investigación judicial sin resultados. La muerte de una mujer francesa con implantes PIP debido a un linfoma desarrollado por la destrucción de la prótesis de mala calidad desató las alertas y reabrió el caso. Un cínico Jean-Claude Mas, fabricante de las PIP, ha reconocido abiertamente la utilización consciente de silicona industrial para bajar los gastos y subir las ganancias y la implicación de la compañía alemana Bayer, no certificada para fines médicos y que, pese a ello, proporcionó al fabricante el gel silicónico para intervenciones quirúrgicas. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha explicado que las comunidades autónomas han facilitado la práctica totalidad de sus datos y se estima que el número de mujeres portadoras de prótesis PIP en España es de 18.500, habiéndose implantado unas 37.000 prótesis. Nuestro país ya ha retirado 391 implantes PIP, de los que el 70% presentaba rotura.

   Quistes, infecciones, nódulos, calambres, dolores, roturas, derrame de líquido, toxicidad, cáncer, atrofia glandular. Efectos secundarios aún por analizar pero presentes todos ellos en portadoras de prótesis PIP. Destapado el fraude, parece que nadie quiere hacerse responsable de los graves riesgos sanitarios (aún por confirmar debido a la insuficiencia de conclusiones sólidas) que perjudican al último eslabón de la cadena, las mujeres que decidieron operarse. De la satisfacción de sentirse más bellas a la desesperación de saberse embaucadas por mercenarios sin escrúpulos. Hoy todos callan. Ni el Ministerio de Sanidad (responsable subsidiario de la garantía de dichos implantes y encargado del sello de calidad europea del que gozaban) ni fabricantes, distribuidores ni cirujanos responden a las reclamaciones y preguntas de unas víctimas desorientadas y mutiladas, sin información ni recursos y con patologías extrañas que afectan a su salud. 

  La cirugía estética es una especialidad médica cuya práctica sólo está autorizada a un facultativo y su reconocimiento legal se halla en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Dentro de la oferta de asistencias se define la Cirugía estética como la unidad asistencial en la que un médico especialista en cirugía plástica, estética y reparadora u otro especialista quirúrgico en el ámbito de su respectiva especialidad es responsable de realizar tratamientos quirúrgicos, con finalidad de mejora estética corporal, facial o capilar. La correcta intervención quirúrgica hace necesaria por tanto la presencia de un médico con título homologado en nuestro país y la autorización administrativa de la clínica donde se practique (garantía de que ésta cuenta con los medios técnicos, instalaciones y profesionales adecuados). 

   Cumplidos estos requisitos queda por preguntarse por qué se cometió el error de dar luz verde a la distribución de unas prótesis con un gel nocivo, por qué los profesionales de la cirugía continuaron implantándolas aún sabiendo su elevada tasa de roturas (desde 2005), por qué cometió tan terrible error nuestro sistema de control sanitario. Alguien debe responder por los errores y secuelas, por la investigación de las consecuencias que produce un gel tóxico en el cuerpo femenino, por los costes de la retirada de las prótesis y las pertinentes indemnizaciones a las afectadas. Independientemente de la visión personal que cada uno tenga sobre la cirugía plástica, no se puede culpar de la situación a la mujer que decide operarse por motivos de estética. Cada uno es libre de utilizar su cuerpo como desee. Los culpables son sus fabricantes, propietarios de la marca, distribuidores, clínicas y cirujanos conscientes de su peligro y que decidieron seguir explotando un negocio lucrativo, el de las apariencias que terminan explotando, como las intoxicadas prótesis PIP. Ausencia de las notificaciones de roturas a Sanidad, el mantenimiento de la marca por muchos cirujanos por poseer un precio más barato al de otras marcas, mejores pero más caras. Una pura y dura cuestión económica. Así, la implantación de las PIP costaba entre 4.000 y 6.000 euros mientras que el coste para la clínica era únicamente de 100 euros por las dos prótesis. El pago de la operación de extracción de los implantes defectuosos asciende a 3.000 euros.No es difícil hacer cálculos. 

   La estafa de los implantes mamarios, comercializados en sesenta y cinco países, ha hecho temblar las hasta ahora cuantiosas ganancias de un pingüe sector, ha destapado la depravación del bisturí, la corrupción u omisión médica y la búsqueda de beneficio a costa del cuerpo de una mujer que, en busca de libertad y autoestima, se ha hecho esclava de su propio cuerpo. Soñaban con unos pechos más grandes o menos caídos y sus ilusiones se estrellaron contra una sustancia fría y tóxica. Su deseo convertido en drama. La salud amenazada, la belleza deshinchada.

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Un yerno "casi perfecto"

   Parecía el yerno perfecto. Un hombre atractivo, con don de gentes, ex medallista olímpico. Por ello, la opinión pública se estremeció a finales del año pasado, cuando el nombre de Iñaki Urdangarín apareció en el sumario de Palma Arena (presunta trama de corrupción en las Islas Baleares con una treintena de políticos y cargos ejecutivos imputados). Es el primer miembro de la monarquía implicado en un caso judicial. 

   La expectación mediática gira en torno a la pieza número 25 del caso Palma Arena, la Operación Babel, más conocida como el Caso Urdangarín. La Fiscalía Anticorrupción acusa al Instituto Nóos, asociación sin ánimo de lucro y relacionada con la organización de eventos deportivos (presidida por Urdangarín entre 2004 y 2006), de apropiación de dinero público (nada menos que 5,8 millones de euros) pagado por el gobierno balear y la Generalitat Valenciana entre esas fechas, así como de la creación de sociedades mercantiles fantasma a las que desviar estos fondos. 

   La institución monárquica se resiente y el Rey Juan Carlos se desvincula sutilmente de las presuntas actividades delictivas de su yerno, al calificar su conducta de “poco ejemplar” y de especificar en su discurso navideño que “la justicia es igual para todos”. En su declaración ante el juez, el duque de Palma afirmó no saber nada. Ni del paraíso fiscal de Belice. Ni del funcionamiento de la gestión administrativa de Nóos. Ni de facturas ni documentos. Ni de la contabilidad ni relaciones entre sociedades contenidas en el sumario. Nada de nada. Comparecía para, según sus propias palabras, “demostrar su inocencia y defender su honor” pero se ha limitado, en un interrogatorio que ha durado veintidós horas, a la negación y el desconocimiento. La pelota en el tejado de su ex socio, Diego Torres, experto en estrategia empresarial y para muchos, el cerebro de las operaciones fraudulentas. 

   Es lamentable que un hombre que lo tenía todo en la vida y que gozaba del cariño de la Familia Real y del respeto de los ciudadanos vea mermada su reputación y seriamente perjudicada su credibilidad por unos negocios corruptos. Y es la mejor excusa para apedrear a la Casa Real, el punto débil de una monarquía hasta hoy muy bien valorada. Es muy cómodo acrecentar el patrimonio personal a costa de ser un personaje público y utilizar la vinculación con la Corona para cometer irregularidades y jugar con el dinero público. Su imagen desmejorada es consecuencia de los varios delitos en los que podría haber incurrido derivados de sus actividades empresariales: malversación, desvío de fondos públicos, tráfico de influencias y falsedad documental. Delitos que pueden traducirse en 15 años de cárcel.

   A la Monarquía no le quedará más remedio que pronunciarse, lanzar un comunicado cuando se conozca la decisión del juez. En la balanza queda de un lado el individuo y de otro la democracia y la vinculación del Rey con su Estado de Derecho. Los españoles esperan justicia. Que se juzgue a Urdangarín como ciudadano. Nada de privilegios ni impunidad. 

   Era el yerno perfecto. Pero cuando su figura fue retirada del Museo de Cera de Madrid y apartada de la Casa Real, Urdangarín se quedó en eso, en apariencias, pura fachada. Y la Zarzuela temblando, pensando que opinarán los juancarlistas del asunto, con el consorte ideal imputado y los graves efectos colaterales para una institución a la que no le ha quedado más remedio que rendir cuentas. Y la ambición una vez más como telón de fondo de una historia de corrupción y desfalco en una España en plena crisis económica y con los indignados esperando a que una justicia, alejada de protocolos y vínculos nobiliarios, juzgue a todos por igual.

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Juicios paralelos (II)

    (…) El daño más grave que ocasionan las valoraciones y juicios emitidos por los profesionales periodísticos surge del menoscabo de una serie de derechos fundamentales como el derecho al honor y a la propia imagen y la presunción de inocencia de los sospechosos. La libertad de información se encuentra por tanto frente al muro de dichos derechos constitucionales y puede retraerse y centrare en el aspecto informativo o saltar ese muro y romper en pedazos los límites de toda ética y profesionalidad. Sí es cierto que existe la libertad de expresión y el derecho a una información veraz, así como el principio de publicidad (con sus tasadas limitaciones por razones de orden público y protección de derechos y libertades) como básico del sistema democrático, no deja de ser menos cierto que el límite a la libertad de expresión aparece recogido en el artículo 20.4 CE, en el respeto al honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y la infancia.

¿Hasta qué punto la publicidad de un juicio resulta dañina para el caso en curso? Los afectados y principales interesados en descubrir la verdad pueden verse afectados psicológicamente por informaciones falsas, la credibilidad de la justicia puede tambalearse ante una posicionada opinión pública que reparte arbitrariamente sus golpes y se sensibiliza con las víctimas, y la calidad de las garantías procesales puede verse mermada ante la utilización indebida de informaciones y datos que se hacen innecesariamente públicos.

El debate público lo impregna todo, pese a la vulneración de la presunción de inocencia, la desprotección de los menores, el daño psicológico para los familiares de las víctimas y los linchamientos colectivos de sospechosos que aún no han escuchado la sentencia por parte de un juez. No podemos y no debemos caer en las trampas del sensacionalismo. Los medios de comunicación son vitales en un estado democrático como garantizadores de la libertad de expresión y de información. Pero hay límites que nunca deben ser cruzados y uno de ellos es la posibilidad de realizar juicios paralelos sobre asuntos que deben ser resueltos en los tribunales. Los medios de comunicación no pueden actuar como jueces. Y eso es precisamente lo qué está ocurriendo.

La valoración moral y jurídica de los medios acerca de la conducta y comportamiento de los presuntos culpables y la reconstrucción de los posibles hechos convierten a éstos en jueces y fiscales, abogados defensores y juristas en potencia. El acoso periodístico a los afectados, el dictamen de una sentencia mediática a priori por la prensa, la distorsión de la realidad por los profesionales de los medios, los comentarios de periodistas sin la formación jurídica necesaria para opinar sobre cuestiones legales y los pormenores de casos en proceso… Hoy día, hasta los personajes del corazón se permiten el lujo de opinar sobre los delitos penales, convirtiendo a la víctima en verdugo y al verdugo en inocente y haciendo de verdaderos dramas sociales un lamentable show televisivo.

El drama hecho espectáculo, unos padres desesperados que no olvidan, unos límites constitucionales que se pisotean sin escrúpulos, una desaparición hecha negocio, las valoraciones y comentarios de una muerte horrible paseada por los platós y convertida en negocio y entretenimiento, mezcla de morbo e indignación. Mientras tanto, la justicia está de capa caída. Porque todos comentan y opinan y juzgan al margen del sistema. Mientras que los verdaderos profesionales están trabajando en el caso. Y los medios nos embriagan de discursos de populismo para engancharnos con el amarillismo más deprimente, con el sensacionalismo más cruel, con unos periodistas convertidos en jueces de un circo mediático en el que todo vale, desde la sensibilización hacia los padres de la víctima hasta el linchamiento público de un sospechoso todavía sin sentencia. Son los daños colaterales de los juicios paralelos. Juzguen ustedes. O mejor aún, dejemos las sentencias para los jueces.

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Juicios paralelos (I)

   Somos espectadores directos de uno de los fenómenos más controvertidos de la sociedad, los denominados juicios paralelos, los conflictos nacidos entre determinados juicios aún pendientes de resolución judicial y su valoración, comentario y exposición de opiniones personales por parte de los medios de comunicación. Un hecho, ya sea penal, civil, laboral o de otra índole, se convierte en noticia valorada, en un tema público sobre el que se vierten opiniones de todo tipo, ya sean favorables o adversas.Se produce, en otras palabras, un seguimiento exacerbado de determinados casos judiciales por parte de los medios de comunicación. Los asuntos que engendran una mayor alarma social y por lo tanto, un mayor interés y expectación, son los delitos penales, los crímenes caracterizados por su gravedad, por los protagonistas del suceso o por las circunstancias que rodean al caso. La prensa se hace eco de la noticia y lucha por saciar la curiosidad de la audiencia proporcionando informaciones y detalles que se desligan de la intimidad de los juzgados, convirtiendo en público lo que debería formar parte del más absoluto secreto de sumario mientras se realizan las pertinentes investigaciones policiales y se inicia el proceso judicial.

   Entre los denominados juicios mediáticos destacan de forma sobresaliente el caso Alcasser (el padre de una de las menores acudió a los medios en busca de ayuda y mantuvo durante años que la versión oficial de la justicia era falsa), el caso Wanninkhof (en el que se acusó erróneamente a Dolores Vázquez del crimen de la joven malagueña Rocío), el caso de Sandra Palo (una madre coraje que denunció públicamente la violación y asesinato de su hija), el caso de María Luz (la investigación y el proceso pudieron ser vistos por todo el país a través de la presencia del padre de la pequeña asesinada en los medios), el caso de Marta del Castillo (la búsqueda del cuerpo, los continuos cambios de confesión, las diferentes versiones expuestas por el imputado)… Los medios de comunicación se aferran a estas escabrosas historias y en un circo mediático dominado por la descarnada competitividad se mezclan irremediablemente la información, el enjuiciamiento y la manipulación.

   Por lo que respecta a los principales afectados, los familiares de la víctima, se aprecia una línea general de acercamiento a los medios, un grito desesperado de buscar pistas denunciando públicamente su situación y rogando respuestas. Ejemplos de ello encontramos en el padre de María Luz Cortés o la madre de Sandra Palo, quienes optaron por descubrirse ante la prensa y exponer abiertamente su caso. Probablemente suponga una exposición desgarradora a la fama, la exhibición de un dolor irresuelto, la angustia de vivir indignantes juicios paralelos de unos medios de comunicación hambrientos de noticias impactantes. Pero su actitud resulta comprensible. Están desesperados. Así, en la fase de búsqueda, los portavoces de la familia se dirigen a los medios porque cualquier información puede resultar vital para el caso. Menos pertinente resulta la postura de la madre de El Cuco, menor acusado de encubrimiento de la muerte de Marta del Castillo, al conceder una entrevista televisiva y cobrando por ello.

   Los delitos penales más llamativos salen a la palestra y se produce la conversión de los medios de comunicación en pequeños tribunales, con verdades parciales y contradictorias pero con la capacidad periodística de emitir una sentencia condenatoria o absolutoria, en función de una maleable opinión pública que se guía por lo que conoce del caso a través de los medios. Son los juicios paralelos, los temidos juicios mediáticos que hacen su propia justicia, al margen de la ley, al margen de ciertos derechos fundamentales y al margen de los límites éticos y profesionales (…)

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