Polémica Ley de Acceso a Abogacía (II)

    (…) La primera crítica de los estudiantes, la cual comparto y defiendo, parte de la base de que han quedado fuera, a pesar de ser los grandes afectados, de la consulta acerca de la elaboración y desarrollo de la normativa. En la Conferencia de Representantes Estudiantiles de Derecho de España sobre la Ley 30/2006 se denunció la actuación del Gobierno de no dar cabida a las voces estudiantiles para la elaboración del Reglamento de desarrollo de la ley. Su lucha se centra en luchar por la exoneración total de la realización del curso formativo de los estudiantes de los antiguos planes de licenciatura, entre los cuales me incluyo. Su descontento se refleja en la siguiente declaración: “los representantes estudiantiles consideramos que esta Ley es ilegítima e incoherente con la realidad universitaria actual y con las necesidades de las profesiones que pretende regular, por los siguientes motivos: denunciamos un intolerable intrusismo laboral, que podría dar lugar a que quienes no son Licenciados o Graduados en Derecho ejerzan las profesiones de abogado y procurador y por el hecho de imponer el principio de “quien paga está capacitado”, ya que los Licenciados en Derecho antes de octubre de 2011 si pagan la colegiación se entenderán capacitados para ejercer como abogados”. También se habla de la posibilidad de convertir el curso formativo en un máster universitario oficial y en una política de precios públicos y becas para efectuarlo, entre otras cuestiones. 

   Debe quedar claro que los estudiantes de Derecho no estamos en contra de la instauración de unos requisitos de capacitación obligatorios para el acceso a la profesión de abogado o procurador. Pero yo considero que tras cinco años de estudios teóricos no es necesario exigir a los estudiantes del plan viejo un año más de formación porque el verdadero dominio de la práctica de la abogacía se debe desarrollar buceando en los casos asignados. Ejerciendo, vamos. Se produce de esta forma un agravio comparativo entre los Licenciados (5 años de estudios universitarios) y los futuros graduados (4 años de estudios universitarios). 

   Se menciona la homologación de la educación en el ámbito europeo para dar empujón a la nueva regulación sin tener en cuenta que el acceso a la abogacía no funciona de la misma forma en los diferentes países europeos. Siempre he dicho sí a la Educación pero esta nueva ley perjudica a los estudiantes de Derecho de una licenciatura en extinción que deseen ejercer en el futuro como abogados o procuradores. ¿Qué han hecho mis compañeros en 5 años, sino memorizar y estudiar leyes e instituciones, procedimientos y casos prácticos? ¿qué otras carreras, aparte de la nuestra, exigen tras su finalización (exceptuando las oposiciones) otro período de formación para poder ejercer?, ¿por dónde se ha pasado el Gobierno la consulta y las opiniones de los estudiantes y futuros juristas? 

   Ha quedado claro que aquí mandan unos pocos, que se habla de mejorar el nivel educativo y la cualificación profesional de un colectivo sin mencionar que hasta ahora los abogados ejercientes no han pasado por prueba de evaluación alguna y que nadie se ha quejado desde dentro. ¿Por qué no se les exige a ellos la misma prueba de evaluación? Al fin y al cabo, ¿no han realizado las mismas asignaturas? ¡Con lo que a mí me cuesta estudiar! Y la Educación convertida en negocio, con los Colegios de Abogados, facultades y bufetes frotándose las manos, claros interesados en este doble juego en la que se predica la necesidad de una formación más rigurosa y se vende la moto de un máster que hay que pagar y de unas prácticas por las que no vas a cobrar. 

   Desde La Pluma Crítica, todo mi apoyo y mi agradecimiento a los estudiantes de Derecho que han luchado contra los puntos injustos de la nueva normativa. Especialmente a aquéllos que en un futuro desean ejercer la abogacía.