El fraude de las prótesis PIP

   El miedo y la angustia se ha apoderado de todas las víctimas de las prótesis mamarias de la casa francesa Poly Implant Prothèse, los famosos implantes conocidos como PIP. La histeria colectiva se ha desencadenado tras uno de los horrores más deleznables y vergonzosos de la historia de la cirugía estética: la colocación y venta en el mercado de unas prótesis mamarias rellenas de un tipo de silicona industrial (y no para uso médico) que con aditivos carburantes es empleada en la industria del caucho o en la construcción de barcos. 

   Ya en el año 2010 la empresa Poly Implant Prothèse (PIP) fue sometida a una investigación judicial sin resultados. La muerte de una mujer francesa con implantes PIP debido a un linfoma desarrollado por la destrucción de la prótesis de mala calidad desató las alertas y reabrió el caso. Un cínico Jean-Claude Mas, fabricante de las PIP, ha reconocido abiertamente la utilización consciente de silicona industrial para bajar los gastos y subir las ganancias y la implicación de la compañía alemana Bayer, no certificada para fines médicos y que, pese a ello, proporcionó al fabricante el gel silicónico para intervenciones quirúrgicas. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha explicado que las comunidades autónomas han facilitado la práctica totalidad de sus datos y se estima que el número de mujeres portadoras de prótesis PIP en España es de 18.500, habiéndose implantado unas 37.000 prótesis. Nuestro país ya ha retirado 391 implantes PIP, de los que el 70% presentaba rotura.

   Quistes, infecciones, nódulos, calambres, dolores, roturas, derrame de líquido, toxicidad, cáncer, atrofia glandular. Efectos secundarios aún por analizar pero presentes todos ellos en portadoras de prótesis PIP. Destapado el fraude, parece que nadie quiere hacerse responsable de los graves riesgos sanitarios (aún por confirmar debido a la insuficiencia de conclusiones sólidas) que perjudican al último eslabón de la cadena, las mujeres que decidieron operarse. De la satisfacción de sentirse más bellas a la desesperación de saberse embaucadas por mercenarios sin escrúpulos. Hoy todos callan. Ni el Ministerio de Sanidad (responsable subsidiario de la garantía de dichos implantes y encargado del sello de calidad europea del que gozaban) ni fabricantes, distribuidores ni cirujanos responden a las reclamaciones y preguntas de unas víctimas desorientadas y mutiladas, sin información ni recursos y con patologías extrañas que afectan a su salud. 

  La cirugía estética es una especialidad médica cuya práctica sólo está autorizada a un facultativo y su reconocimiento legal se halla en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Dentro de la oferta de asistencias se define la Cirugía estética como la unidad asistencial en la que un médico especialista en cirugía plástica, estética y reparadora u otro especialista quirúrgico en el ámbito de su respectiva especialidad es responsable de realizar tratamientos quirúrgicos, con finalidad de mejora estética corporal, facial o capilar. La correcta intervención quirúrgica hace necesaria por tanto la presencia de un médico con título homologado en nuestro país y la autorización administrativa de la clínica donde se practique (garantía de que ésta cuenta con los medios técnicos, instalaciones y profesionales adecuados). 

   Cumplidos estos requisitos queda por preguntarse por qué se cometió el error de dar luz verde a la distribución de unas prótesis con un gel nocivo, por qué los profesionales de la cirugía continuaron implantándolas aún sabiendo su elevada tasa de roturas (desde 2005), por qué cometió tan terrible error nuestro sistema de control sanitario. Alguien debe responder por los errores y secuelas, por la investigación de las consecuencias que produce un gel tóxico en el cuerpo femenino, por los costes de la retirada de las prótesis y las pertinentes indemnizaciones a las afectadas. Independientemente de la visión personal que cada uno tenga sobre la cirugía plástica, no se puede culpar de la situación a la mujer que decide operarse por motivos de estética. Cada uno es libre de utilizar su cuerpo como desee. Los culpables son sus fabricantes, propietarios de la marca, distribuidores, clínicas y cirujanos conscientes de su peligro y que decidieron seguir explotando un negocio lucrativo, el de las apariencias que terminan explotando, como las intoxicadas prótesis PIP. Ausencia de las notificaciones de roturas a Sanidad, el mantenimiento de la marca por muchos cirujanos por poseer un precio más barato al de otras marcas, mejores pero más caras. Una pura y dura cuestión económica. Así, la implantación de las PIP costaba entre 4.000 y 6.000 euros mientras que el coste para la clínica era únicamente de 100 euros por las dos prótesis. El pago de la operación de extracción de los implantes defectuosos asciende a 3.000 euros.No es difícil hacer cálculos. 

   La estafa de los implantes mamarios, comercializados en sesenta y cinco países, ha hecho temblar las hasta ahora cuantiosas ganancias de un pingüe sector, ha destapado la depravación del bisturí, la corrupción u omisión médica y la búsqueda de beneficio a costa del cuerpo de una mujer que, en busca de libertad y autoestima, se ha hecho esclava de su propio cuerpo. Soñaban con unos pechos más grandes o menos caídos y sus ilusiones se estrellaron contra una sustancia fría y tóxica. Su deseo convertido en drama. La salud amenazada, la belleza deshinchada.