Caso Mariluz: errores judiciales

   El caso Mariluz ha despertado una gran alarma social. El padre de la pequeña asesinada, Juan José Cortés, un joven perteneciente a un barrio humilde de Huelva, vendedor de mercadillo y pastor evangélico cuya vida se truncó una fatídica tarde de 13 de enero de 2008, ha sido un padre coraje que hábilmente ha utilizado a los medios de comunicación para su causa, con una incipiente carrera política en marcha como asesor político del PP. Su lucha y su denuedo han sonrojado al sistema judicial porque tras la trágica historia mediática se ha dejado al descubierto toda una cadena de errores inadmisibles que desprestigian a la justicia y sobrecogen al ciudadano, incapaz de entender cómo es posible tanta desidia y pasividad por parte de aquellos funcionarios que deben velar por nuestra seguridad y por la protección de nuestros derechos fundamentales y libertades públicas. ¿En manos de quién queda la potestad jurisdiccional?, ¿Cómo es posible que un hombre se halla burlado de la justicia durante seis años, cambiando continuamente de ciudad y buscando niñas de las que poder abusar, cuando existían condenas en firme que le exigían ingresar en prisión?, ¿cómo se explica que un Juez de Sevilla tarde cuatro años en probar los abusos del pederasta?, ¿y cómo entender que, tras el recurso de la condena por la defensa, la Audiencia Provincial de Sevilla espere otros tres años para confirmar la sentencia?, ¿cómo, en fin, se le explica a un padre que su hija ya no está con él porque la justicia se ha envuelto en una capa de indolencia tan incomprensible como cruel, beneficiando al culpable y promocionando su carrera delictiva, debilitando el sistema, hiriendo a las víctimas que han tenido valor para denunciar, favoreciendo quizá la presencia de nuevos y envalentonados criminales que consideren un camino de rosas burlar a la ley, apagando la fe en la justicia de los ciudadanos? 

   La realidad es que la opinión pública se echa a la calle cuando descubre el escandaloso pasado del presunto culpable, Santiago del Valle, y la Justicia se avergüenza porque el crimen de la pequeña Mariluz podría haberse evitado. Se pretendió, a mi entender, efectuar un lavado de imagen y que mejor manera que la de poner cara y nombre al Juez que llevaba el caso y cuya negligencia le supuso una multa de 1500 euros. Pero es necesario ir más allá del Juez Tirado, su secretaria judicial (suspendida seis meses de empleo y sueldo) y la Junta de Andalucía. Y es que la realidad del sistema judicial español demanda una solución a la increíble falta de comunicación entre Juzgados, a los atascos de información y a la falta de medio materiales y humanos. Porque la sobrecarga de trabajo (e incluso la dejación de funciones) imposibilita hacer frente a las innumerables denuncias diarias y el Ministerio de Justicia no puede olvidar que tras ellas existen casos concretos y personas con nombres y apellidos, ciudadanos esperando una justicia que no llega. 

   Y es paradójico pensar que, en Estados Unidos, al matrimonio del Valle de nada le habría valido pasarse los diez largos años que escaparon de la justicia española cambiando de ciudad porque allí existe un servicio legal y público que proporciona un mapa detallado de delincuentes sexuales (información exhaustiva del pederasta, con su ficha policial al desnudo, su foto y su última residencia). En España, esta iniciativa política resulta inviable porque la Ley de Protección de Datos lo prohíbe y porque supondría una invitación al linchamiento y ajuste de cuentas al tiempo que anularía cualquier posibilidad de reinserción para los fichados. Es lo que hay. Nos queda a los ciudadanos un miedo en el cuerpo y una sensación de incertidumbre que taladra el alma escuchando las palabras de Juan José Cortés cuando dice “aceptaré lo que diga el Tribunal. Del juicio espero justicia”. Una muestra de fe, que es lo que le queda, para un sistema que le ha fallado como padre y como ciudadano.