El saber jurídico

   Existe en la actualidad una gran demanda social de información jurídica. La vida del hombre se desarrolla en continuo contacto con el Derecho; el ciudadano común, al abordar las diferentes cuestiones procedentes de las relaciones sociales, se ve inmerso constantemente en la realización de actos jurídicos como por ejemplo, actos de compraventa, obtención de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, realización de contratos, seguros sociales, testamentos, actos de carácter administrativo como la solicitud de una beca universitaria… 

   La sociedad en la que vivimos y su estructura fundamental parte de un sistema de comportamiento social mínimamente codificado en el que la presencia de unas directrices y normas de conducta se convierten en imprescindibles para orientar y garantizar la vida comunitaria. De esta idea se desprende la importancia de la regulación jurídica como elemento clave para la organización y funcionamiento de la vida social. Las fuentes formales a través de las cuales se expresa el Derecho se presentan a través de diferentes tipos normativos como la ley, la costumbre, la doctrina jurídica, las decisiones jurisprudenciales, los contratos, los principios generales del Derecho, los estatutos, los pactos… 

   Digamos que el saber jurídico se puede dividir en cuatro grandes campos: el saber jurídico ordinario o vulgar (se corresponde con los conocimientos que sobre el Derecho tienen la mayoría de los ciudadanos de cualquier sociedad, ya sea por la experiencia o por la información recibida de su entorno social), el saber jurídico práctico o técnico (política legislativa y jurisprudencia), saber jurídico científico (saberes fáctico-sistemáticos, saberes normativo-sistemáticos y saberes lógico-sistemáticos) y el saber jurídico filosófico (elevado nivel de abstracción). Partiendo de esta clasificación, podría entenderse que el ciudadano sin conocimientos jurídicos y con una noción mínima del sistema legal que le rodea, se enfrenta a un mundo desconocido y precisa de la ayuda del experto para resolver su problema. Un informe del Consejo General del Poder Judicial (año 2000) manifestaba que “la proporción de españoles que dicen haber tenido alguna experiencia personal, de cualquier tipo, con el sistema legal ha experimentado un llamativo aumento a lo largo de los últimos veinte años. Así, el 41% dice ahora haber acudido alguna vez a un abogado para consultar algún asunto: hace sólo dos decenios este porcentaje era, en cambio, apenas la mitad. Esto explica, sin duda, el importante crecimiento experimentado por el número de abogados en ejercicio existente en nuestro país. Por otro lado, el 56% de todos los españoles dice haber acudido alguna vez a un notario para alguna cuestión jurídica. Y algo más del tercio (35%) dice haber tenido algún contacto (de cualquier tipo) con los tribunales de Justicia”. 

   Lo jurídico lo invade todo. En una sociedad juridificada, aquél que se decida a entrar en el mundo de las leyes no estudiará únicamente una carrera válida para el ejercicio profesional sino que conseguirá comprender, como ciudadano, todo ese entramado de normas que rigen la sociedad, será conocedor de su significado, de sus aplicaciones e interpretaciones y podrá ser consultado y ser erigido como oráculo de unos, como asesor de otros. Sabrá defenderse en las más variopintas situaciones porque conoce la ley, sabrá actuar porque conoce los procedimientos, no caerá en la trampa del tiempo porque es consciente que la justicia habla de plazos. Lo jurídico lo invade todo y el experto es consciente de ello.